¿LAS PANDILLAS EXTORSIONAN AL ESTADO?

Escrito por jorgeismaelgarciacorleto 19-03-2012 en General. Comentarios (0)

¿LAS PANDILLAS EXTORSIONAN AL ESTADO?

 

Ismael García C.

El ministro de Justicia y Seguridad, el general David Munguía Payés, aseguró que la disminución de homicidios se debe a la coordinación, la operatividad de la Policía y la labor de inteligencia. Munguía Payés, al asumir el cargo en noviembre de 2011, prometió una reducción de un 30% de los asesinatos al cabo de un año, pero en febrero hubo una tendencia alcista.

Elfaro.net ha publicado que el Gobierno de El Salvador negoció con pandillas la reducción de homicidios que se ha tenido en los últimos días.

En el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca a los prisioneros no se les permite contacto físico con sus visitantes, con quienes conversan a través de un vidrio. Solo reciben sol tres horas a la semana. Si uno de ellos sale a una audiencia judicial o a chequeo médico deben permanecer aislados, y no son introducidos a su celda hasta que no defecan frente a los custodios, para asegurarse de que no introduzcan ilícitos en sus entrañas.

Entre el jueves 8 de marzo y el sábado 10 del mismo mes, cerca de 30 pandilleros líderes de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18, salieron del régimen de máxima seguridad traslados a prisiones de menor seguridad, cumpliendo un pacto entre las pandillas y el Gobierno. Se menciona a Carlos Ernesto Mojica Lechuga, conocido como “Viejo Lin”; Carlos Alberto Rivas Barahona, “Chino Tres Colas”; Víctor Antonio Cerón García, “Duke”, y Frank William Martínez, “Cholo William”, supuestos líderes nacionales de las dos facciones de la pandilla Barrio 18. De los prisioneros de la Mara Salvatrucha, 12 fueron trasladados. Destacan Borromeo Enrique Solórzano, “El Diablito”, y Ricardo Adalberto Díaz, “La Rata”. Según autoridades de seguridad pública, ambos son los líderes nacionales de la pandilla.  De acuerdo con la inteligencia policial, a estos dos líderes les sigue una especie de cuerpo de decisión colectivo al que los pandilleros llaman “ranfla”. Miembros de la ranfla nacional que salieron del régimen de máxima seguridad son Saúl Antonio Turcios, “El Trece”, y Élmer Canales Rivera, “Croock”. En las cárceles donde fueron reubicados pueden recibir visitas de parientes y pueden tener contacto físico.

Fuentes de inteligencia del Estado aseguraron al Faro que miembros de la Mara Salvatrucha fueron trasladados al penal de Ciudad Barrios, mientras que oficiales del sistema de registro de la Corte Suprema de Justicia confirman que “Viejo Lin” fue trasladado al penal de Cojutepeque.

Este es un movimiento sin precedentes en centros penales. Cuando en julio de 2009, la Dirección de Centros Penales movió de Zacatecoluca a Dionisio Arístides Umanzor, alias “El Sirra”, de la Mara Salvatrucha, recluido por homicidio y secuestro, reaccionó la Asamblea Legislativa. Meses después del traslado, Arena pidió la destitución del entonces director de Centros Penales, Douglas Moreno, ahora viceministro de Justicia y Seguridad. Los políticos argumentaban que les preocupaba sacar de máxima seguridad a quien consideraban una gran amenaza social. La medida no prosperó.

Ante consulta de El Faro, al director general de Centros Penales, Nelson Rauda, éste aseguró que es información confidencial y que el único vocero autorizado para hablar de ello era Munguía Payés.

Según las fuentes de inteligencia, los traslados no son solo una noticia sin precedentes, sino una pieza dentro de las negociaciones que mantiene el gobierno.

Se dice que en un informe generado en el Centro de Inteligencia Policial (CIP), se leía que los “verdes”, los militares, habían trasladado a “toda la ranfla” de la Mara Salvatrucha. “La información se confirma”, cerraba el extracto, que también hablaba de oferta de miles de dólares a los pandilleros de más alto rango si bajan los homicidios en el presente mes.

Un agente de inteligencia del Estado aseguró que, según fuentes involucradas en la planificación, la estrategia es dirigida por el coronel Simón Molina Montoya, el segundo al mando en el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), quien asesoró al actual ministro de Seguridad y Justicia, David Munguía Payés, cuando éste último era ministro de Defensa. Consultado en llamada telefónica, Molina Montoya dijo no saber nada. El Faro ha solicitado una entrevista con el general Munguía Payés para conversar sobre el caso, pero hasta la fecha no se conoce que haya tenido respuesta.

Las información del CIP y la versión de la fuente de inteligencia apuntan a que el plan estará a prueba durante marzo, y que los líderes más importantes de las dos principales pandillas irán a penales donde las medidas de seguridad son más laxas, para que puedan difundir el mensaje.

El Faro conversó con un agente del Estado que hace labores de inteligencia penitenciaria, quien habla de negociaciones entre gobierno y pandilleros con el propósito de bajar los homicidios. Se menciona la entrega de 10 mil dólares a los familiares de cinco líderes de la Mara Salvatrucha.

Es obligación del Estado hacer cuanto le sea posible por erradicar la violencia, pero la seguridad pública requiere mecanismos jurídicos y políticos que permitan al Estado dialogar y negociar, optimizar los mecanismos de protección y garantía de los derechos humanos, y crear las condiciones favorables para establecer un orden justo y la pacífica convivencia con sectores sociales que aportan al desarrollo nacional.

 

Mientras los trabajadores públicos solicitan aumento de salario sin obtenerlo y la clase media paga más impuestos, y una gran parte de la población ha sido y es extorsionada porque teme que la maten, se dice que el Estado paga dinero en efectivo a los líderes de las pandillas. Si los delincuentes extorsionan al Estado, aunque el pretexto sea la seguridad pública, se burlan de las víctimas y de la sociedad en general al emplear el erario público en gastos no elegibles. El derecho a la justicia se lesiona cuando el Estado deja de ser el titular exclusivo del ejercicio de la función judicial, y permite que los delincuentes escapen a las consecuencias jurídicas de su obrar, o los sanciona con lenidad o con extrema indulgencia, especialmente si no hay garantías de que no se repitan las conductas que transgreden la ley.

 

Por supuesto que las opiniones serán encontradas porque pesa más en la psiquis de las madres y los padres de familia el bienestar y la seguridad de sus hijos, que el refrigerio, los uniformes, los zapatos y los útiles escolares. y si el Estado paga la extorsión y no ellos, les parecerá  más barato.

 

Santa Ana, El Salvador, 16 de marzo de 2012

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Jorge Ismael García Corleto es escritor, director del Grupo de Actuación Teatral de Occidente (GATO), licenciado en psicología, licenciado en educación y Master en Educación Superior, trabaja en el Centro Escolar INSA y en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente de la UES en Santa Ana.